El viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar, explicó que el operativo de hoy es liderado por el INDI, pero con el acompañamiento de su equipo y el de los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, la Fiscalía y la Policía Nacional.

En total rescataron a 18 niños, que ahora pasan a un albergue del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, donde se analizará la situación de cada uno para ver quiénes están con sus padres y quiénes no, para así regresarlos a sus comunidades.

En el caso de dos adolescentes que están embarazadas, se dispondrá un albergue especial para los cuidados que requieren.

“El problema de fondo es la pobreza, lo que vemos acá en la Terminal es un síntoma del problema mayor”, comentó el viceministro Escobar en conversación con radio Universo 970 AM.

Reveló que a través del proyecto Oñondivepa encabezado por el INDI, se buscará promover desarrollo social en cada una de las comunidades y evitar que lleguen a estas instancias de vulnerabilidad.

El procedimiento se da días después del hallazgo del cadáver de una niña indígena en las cercanías de la terminal. La pequeña fue asfixiada y atada de pies y manos.

En primer lugar, fue aprobado el proyecto que pide informe al INFONA, en relación a las medidas adoptadas dentro del marco de la Ley N° 4241/2010 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional”.

En ese sentido, solicita identificar las áreas naturales que bordean a los cauces hídricos en las cuales se llevan a cabo las intervenciones del INFONA, a los programas de restauración de bosques protectores de cauces hídricos en ejecución en cada departamento del país

Seguidamente, se dio visto bueno a la iniciativa que solicita informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sobre titulación de terrenos de áreas de vida silvestre protegidas del dominio público del Estado”

Mediante la propuesta se exige indicar las áreas silvestres protegidas de dominio público que se encuentran tituladas y registradas a nombre del Estado, y de aquellas que aún no han sido tituladas y registradas, detallando los motivos.

Por otra parte, también fueron aprobados dos proyectos que solicitan informes al MADES, el primero, sobre la aplicación del artículo 41 de la Ley N° 1863/02 “Que establece el Estatuto Agrario”; y el segundo, sobre las tierras de dominio público del Estado que se encuentran dentro de la Reserva de Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, situada en el departamento de Misiones.

Se establece un plazo de 15 días para que las mencionadas instituciones remitan los documentos a la Cámara de Diputados.

La fiscal Viviana Sánchez confirmó que la escribana había formulado una denuncia en contra de su exsuegra, Noemí Álvarez, el pasado 15 de abril ante la Fiscalía zonal de Ciudad del Este.

La denuncia fue radicada bajo la carátula de “violencia intrafamiliar”, acusando a la madre de su difunto esposo de un constante hostigamiento, así como de maltrato verbal y psicológico junto con amenazas.

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Dicha causa penal recayó en otra agente fiscal de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, quien tuvo a su cargo realizar diversas diligencias como parte de la investigación, mencionó.

“Entiendo que la colega hizo todo lo que podía porque ella (Carmen Ruiz Díaz) no tenía agresión física, lo que manifestaba es ser víctima de constante persecución y eso la hacía sentir mal”, expresó a la 1330 AM.

Sánchez confirmó que, como parte de este proceso, se había agendado una entrevista psicológica para Ruiz Díaz, pero la fecha fue fijada recién para el mes de octubre. Según explicó, la excesiva demora se debe a la falta de profesionales y la gran cantidad de causas de violencia familiar.

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“Lastimosamente esa es nuestra realidad, la falta de presupuesto hace que no se cuente con mayor cantidad de psicólogos”, agregó.

La Fiscalía en estos momentos prosigue con las diligencias en el marco de la muerte de la escribana y analiza como una de las aristas una posible “inducción al suicidio”, teniendo a la exsuegra como principal acusada.

Romper la lógica de años de un manejo discrecional de los fondos de Itaipú es lo que plantea el proceso que pretende implementar Santiago Peña en la entidad binacional.

Para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento al destino de cada billete, se dispondrá de un sistema de rendición de cuentas, en donde la gente sabrá en qué se invierten los recursos, en la medida en que se aprueban los proyectos.

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“Los proyectos los aprueba el consejo, los miembros del consejo son los ministros, cada proyecto que se vaya aprobando, nosotros iremos informando. Se va a hacer esta ruta, se va a construir este hospital, etc.”, explicó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

El presidente también reveló que se está analizando la posibilidad de un fondo fiduciario como lo implementa Brasil con Caixa y, a través de esta institución, va ejecutando los recursos.

Sin embargo, Peña aclaró que no se trata de una decisión tomada, pues, tampoco se pretende sumar burocracia y gastos a las gestiones que se necesitarán hacer. “A veces, en la ejecución de los programas se gasta más que en los programas en sí”, admitió.

Al margen de lo que se resuelva al respecto, la plataforma de transparencia será una realidad y permitirá dar seguimiento el uso del dinero.

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